Para evitar que alguien pueda confundirse nos sentimos en la necesidad de aclarar algunas cosas referentes al tema de la facturación eléctrica.
Durante casi 4 años no se han pasado facturas eléctricas a los vecinos de Rionansa y durante esos 4 años no se ha producido ninguna irregularidad. El hecho de que una empresa no te facture no es ninguna infracción, por decirlo de alguna manera “allá ellos” y el vecino no tiene por qué mover ni un dedo para solucionar esta situación (si tu vas a la Volkswagen a comprar un coche y no te cobran será problema de la empresa, no tuyo).
La infracción se comete en el verano de 2012 cuando la empresa CHC Energía, apoyada por el Gobierno de Cantabria , pretende cobrar periodos atrasados que, a priori, no contempla la ley.
Decimos apoyada por el Gobierno de Cantabria porque la Dirección General de Industria organizó una reunión en el colegio de Puentenansa para explicarnos que la empresa nos iba a pasar todo lo atrasado, con el IVA actual y el precio del kW actual. En esa reunión nuestro presidente formuló dos preguntas al Director General acerca de las posibles compensaciones por daños y perjuicios que se podían pedir y fue contestado que con esas reclamaciones nunca se conseguía nada. Eso está por ver.
A los vecinos se nos ocultó, voluntaria o involuntariamente, nuestros derechos ya que la Dirección General de Industria en ese momento debía saber que la empresa tiene obligación de facturar cada dos meses y que ya existía una resolución de la CNE (Comisión Nacional de la Energía) diciendo que no se podía refacturar más de un año atrás. Si decidió presentarse en Puentenansa debía haber informado de todo, y dejar a la empresa que se buscara la vida cuando facturase. Debió haber dicho que no se pueden facturar periodos de más de dos meses y que existía esa resolución de la CNE. Al menos así los vecinos sabríamos los derechos que teníamos frente a la multinacional, aunque tuviésemos que reclamarlo por nuestra cuenta. El Gobierno de Cantabria debe velar por los derechos de los ciudadanos ya que para eso está y no por los intereses privados de una empresa. Sin embargo hizo el papel de mediador para aplacar ánimos y convencernos a todos de que tenía que ser así. Desde la mesa presidencial se llegó a afirmar que "todo el mundo sabía de donde venía el problema", cosa que nosotros nunca hemos dicho porque es irrelevante y además no lo sabemos.
En las fechas en las que tuvo lugar la reunión con Industria en Puentenansa, las relaciones entre la JV de Cosío- Rozadío y el Ayuntamiento de Rionansa ya estaban deterioradas. Las iniciativas que presentábamos al ayto eran obviadas y ni siquiera nos contestaban. Además, cuando acabó la reunión nos dirigimos hacia la mesa presidencial a saludar al director general y ante nuestra opinión de investigar nuestros derechos el alcalde se mostró escéptico. Por ello y ante la certeza de que el ayto no nos iba a apoyar decidimos tomar rápidamente las medidas que a continuación explicamos.
En la reunión mencionada todo el mundo daba una opinión sobre lo que había que hacer, muchas de ellas eran distintas, incluso hubo conatos de rebelión para instigar a la gente a no pagar ni un céntimo.
La Junta Vecinal de Cosío y Rozadío en responsabilidad de la defensa de los intereses de parte de sus vecinos decidió contratar los servicios de un equipo jurídico (Consultores Hernando Copete) con el objetivo de que: ALGUIÉN ENTENDIDO E IMPARCIAL NOS INFORMASE DE LOS DERECHOS QUE TENÍAMOS. Lo único que pretendíamos era poner algo de cordura en las múltiples y dispares opiniones que surgían en tertulias y corrillos. Dicha decisión fue llevada a Junta Ordinaria para que todos pudiesen opinar y manifestasen su postura oficial y se aprobó por mayoría con los votos a favor del PRC y la abstención del PP.
En la primera reunión de presentación del equipo jurídico con los vecinos, los abogados dijeron claramente que había que pagar y que se iba a luchar por el IVA y otros conceptos. Por tanto nuestro objetivo nunca fue el de no pagar. Nuestro único objetivo era el de informar a los vecinos lo que tenían que pagar según la ley vigente, ni un céntimo más ni uno menos.
Rápidamente y tras una investigación nuestros abogados empezaron a recabar información y salió a la luz el famoso informe de la CNE acerca de facturar más de un año. A partir de ahí nuestro objetivo fue reclamar lo que decía esa interpretación de la ley. En ese momento hubo un grupo de personas que se puso muy nerviosa ya que su postura de inacción (no hacer nada) y/o apoyo a ella podía quedar en evidencia, desde el punto de vista político, si nosotros conseguíamos algo para los vecinos.
Consideramos que nuestra postura ha sido correcta, razonable y lógica. Pedir a alguien que sabe más que nosotros, a un profesional, que nos explique nuestros derechos. Eso es independiente a que nos digan que tenemos algún derecho o ninguno. Si los abogados nos hubiesen dicho que la empresa tenía derecho a eso y que teníamos que pagar irremediablemente lo que nos exigían, hubiésemos recomendado a la gente el pago y desactivado a los más radicales que pretendían no pagar nada a toda costa. Si nuestra entidad quisiera atribuirse algún mérito no sería el de haber conseguido algo, sería el de haber investigado al menos los derechos de los vecinos y haberles dado un soporte cómodo para sus reclamaciones o denuncias.
Nuestro equipo jurídico ha seguido los pasos lógicos administrativamente hablando. En el momento de cometerse la infracción la única relación contractual y comercial que tienen los vecinos es con la empresa CHC energía. La empresa CHC es la que está cometiendo las irregularidades y por ello los abogados se dirigieron a la empresa primeramente para hacerle ver que teníamos unos derechos y exigirle que los respetaran. Se presentaron reclamaciones por todos y cada uno de los vecinos que así nos lo pidieron. La empresa hizo caso omiso.
Después hubo que acudir a Industria, a Consumo e incluso a CNE. Se presentaron denuncias individuales ante todos estos organismos. En todas las instancias encontramos comprensión, solidaridad y muy buenas palabras pero ninguna medida para evitar lo que estaba sucediendo.
Puesto que nuestras reclamaciones iban enfocadas a no pagar más de un año atrás se recomendó a los vecinos que no pagasen lo atrasado. Pensábamos que el hecho de tenerlo denunciado ante todas las instancias, no permitiría a la empresa cortar el suministro hasta que no se resolviese el tema. Nos equivocamos. La empresa empezó con los cortes de luz y con ello quedó demostrada la sumisión de los organismos públicos ante las empresas eléctricas y la posición de poder de estas frente a aquellos.
En ese momento y debido a la presión mediática conseguimos una reunión con la empresa CHC. En dicha reunión a 5 bandas (CHC, Eon, Industria, Consumo, y nuestros abogados) nos dejaron claro que, o se pagaba o seguían con los cortes. Se consiguió una moratoria para organizarnos e informar a la gente lo que nos habían dicho. La gente que tenía facturas sin pagar empezó a hacerlo.
En ese momento finalizó la vía administrativa. Dejar claro que el coste del equipo jurídico ha corrido por parte de nuestra Junta para sus vecinos. Los vecinos de fuera han pagado este servicio por su cuenta. La Junta Vecinal decidió ampliar fuera del ámbito de su entidad los servicios del abogado ya que no le iba a costar nada económicamente, además daba un servicio que no se estaba dando por nadie en el municipio, a la vez nos venía bien a todos porque así éramos más y podíamos hacer más fuerza y como añadido contribuíamos a la unión de los pueblos en pro de una causa común, que falta nos hace.
En ese momento se convocó una reunión para que los abogados informasen acerca de lo realizado hasta el momento y de las posibilidades que se tenían a partir de ahora. Explicaron que lo único que nos quedaba era acudir a la vía judicial y los costes que llevaba. Informaron que habían consultado y que se podía hacer una demanda colectiva por lo que si se llegaba a 100 vecinos los costes se reducirían mucho.
Después de esa reunión han sido los vecinos los que voluntariamente y sin que nadie les obligase han decidido denunciar a la empresa a través de nuestros abogados.
La JV nunca ha instigado a ningún vecino a reclamar o denunciar, entre otras cosas porque no podemos asegurar nada y no podemos arriesgarnos a enerarles falsas expectativas. Ha sido la gente la que ha ejercido su derecho a ello utilizando los medios que le hemos puesto a su alcance.
La JV de Cosío-Rozadío tiene previsto denunciar la facturación del Centro Social Moisés Cosío en una decisión que llevará a junta ordinaria próximamente, por considerar que la facturación de dicho local es irregular.
NOS SENTIMOS MUY ORGULLOSOS DE HABER TOMADO ESTA ACERTADA INICIATIVA PORQUE LA RESPUESTA DE LOS VECINOS ES UNA MUESTRA DE QUE SE NECESITABA.
NO OBSTANTE SI NOS HUBIERAMOS EQUIVOCADO NO HUBIESE PASADO NADA YA QUE LA ÚNICA INTENCIÓN ES AYUDAR.
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